Opinión: Hugo Baroja, Presidente de LANTEGI BATUAK, con motivo del 30 aniversario

Opinión: Hugo Baroja, Presidente de LANTEGI BATUAK, con motivo del 30 aniversario

31/10/2014

Estas entidades, que realizan actividad empresarial con un propósito social, forman parte también de la denominada Economía Social. Para dotar de perspectiva sobre su importancia relativa en nuestro mercado de trabajo, aportaremos unos datos sobre las empresas sociales en la CAPV que estaría compuesto, básicamente, por los Centros Especiales de Empleo (CEE) y las Empresas de Inserción (EI).

Euskadi, se sitúa a la cabeza del sector de los Centros Especiales de Empleo a nivel estatal. En la CAPV hay 98 empresas con la calificación de CEE, son en su inmensa mayoría promovidas por entidades no lucrativas de iniciativa social, y emplean en su conjunto a 6.500 personas con discapacidad, facturando a nivel global la cantidad de 145.759.000 Euros. Para hacerse una idea comparativa de la importancia relativa de nuestra CCAA en este sector, en el Estado son 1.775 centros, con 52.600 trabajadores/as con discapacidad ocupados y con un volumen de ventas global de 1.067.303.000 Euros. Generan oportunidades laborales a través de la gestión de itinerarios de inserción sociolaboral, personalizados y adaptados a sus capacidades, y emplean a personas con discapacidad intelectual, física, sensorial, trastorno mental, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos o daño cerebral, así como a personas con incapacidades permanentes derivadas de accidentes de trabajo, de tráfico, o cardiovasculares con necesidades de recualificación profesional. Los centros especiales de empleo no lucrativos vascos, están agrupados, desde 1987, en una asociación de este tipo de empresas sociales que se llama EHLABE (www.ehlabe.org) y a la que Lantegi Batuak pertenece desde su fundación.

En Euskadi existen también las Empresas de Inserción, que es un tipo de empresa social, promovidas por entidades de la iniciativa social del tercer sector y que se caracterizan por promover la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión (perceptores de renta de garantía de ingresos, inmigrantes, extoxicomanías, mujeres con cargas familiares o víctimas de la violencia de género, mayores de 45 años, parados de muy larga duración, etc). En total, son 41 empresas de inserción, que emplean en su conjunto a un colectivo de 375 personas en riesgo de exclusión y que tuvieron un volumen de facturación global de 16.844.000 Euros. A nivel estatal, son 190 empresas de inserción que dan empleo a unas 3.800 personas en riesgo de exclusión y que totalizan unas ventas de 45.600.000 Euros. En Euskadi, están agrupadas en una asociación, denominada GIZATEA (www.gizatea.net).

Hablamos de un volumen, más que significativo, de empresas sociales en Euskadi, que emplean a más de 7.000 personas con graves problemas de acceso al mercado de trabajo, y con unas ventas totales de 163 millones de euros. A este volumen de empleo hay que sumar el que representan los más de 1.000 profesionales sin discapacidad que trabajan en el sector en labores de apoyo a los procesos de integración social y laboral en las Empresas Sociales y el colectivo de personas con discapacidad, cerca de 1.000, que se han incorporado a Empresas normalizadas, apoyadas por estas entidades. Un sector, en definitiva, que en nuestra Comunidad, genera empleo directo para más de 9.000 personas.

Los beneficios adicionales inducidos y generados por este conjunto de iniciativas son incalculables, en términos de cohesión social, de vinculación comunitaria, de vertebración social del territorio, de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público y la redistribución fiscal, la sustitución de otros sistemas de cuidados, formales e informales, los ahorros para los sistemas sanitarios y de servicios sociales, la colaboración público privada en la promoción del paso de políticas pasivas a políticas activas y un interminable etcétera, que en el caso de Lantegi Batuak por ejemplo, ha generado un valor económico en Bizkaia superior a los 500 millones de Euros desde que empezó la crisis en 2008 y que produce una tasa de retorno de 6 euros por cada euro público invertido en el proyecto.

Aún así, las empresas sociales que emplean a personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, está claramente infra-desarrollado en el Estado Español: Los datos comparativos de la OCDE sobre el denominado empleo protegido en varios países, muestran cómo el Estado se encuentra a la cola en su desarrollo, al mismo nivel que Italia, y seguida sólo por Corea y Portugal.

En efecto, en España, sólo 0,6 personas con discapacidad por cada 1.000 habitantes están empleadas en esta tipología de empleo protegido, frente al 10,1 en Polonia, el 9,2 en Holanda, el 5,6 en Suiza o el 5,2 en Suecia. En Francia y Alemania estos niveles se sitúan en 3,2 y 3,3 (Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2003. Base de datos de la OCDE relativos a los programas para las personas con discapacidad).

La situación en Euskadi es muy diferente, pues se sitúa a la cabeza del ranking de las diferentes CCAA, con un índice de 3,1 personas con discapacidad por cada 1.000 habitantes (multiplicando por cinco la media española y situándose al nivel de Francia y Alemania), seguida de Navarra con un 1,6, quedando el resto de CCAA por debajo de 1,0 (Fuente: Federación Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM).

Si tomamos en consideración que la CAPV ha sido la última CCAA en ver transferidas las Políticas Activas de Empleo, el dato cobra especial relevancia, a la vez que vislumbra un espacio de oportunidad para seguir desarrollando el potencial de generación de empleo de calidad que estas iniciativas representan. Este potencial, para seguir generando empleo para colectivos con discapacidad o en riesgo de exclusión, es alto en Euskadi.

En relación con las personas con discapacidad, baste aportar el dato de que únicamente el 45% de este colectivo, forma parte de la población activa, lo que supone la posibilidad de activar a una parte del mismo, cifra calculada en torno a las 5.000 personas con discapacidad. A esta cifra habría que sumar las más de 7.000 personas con discapacidad, que formando parte de la población activa, se encuentran en situación de desempleo. En relación con el colectivo de personas en riesgo de exclusión, basta señalar que una tercera parte de las personas que perciben en la actualidad Renta de Garantía de Ingresos, serían potencialmente activables, lo que supone un colectivo cercano a las 10.000 personas. Aprovechar la experiencia, trayectoria y saber hacer de las entidades no lucrativas de iniciativa social que conforman este espacio, se convierte así en un reto de primera magnitud para contribuir a reducir la brecha de la empleabilidad de más de 20.000 personas, solamente en Euskadi y según los datos manejados por el Gobierno Vasco, en la elaboración de la estrategia de empleo con el horizonte del año 2020.

La Ley de Economía Social reconoce, por fin, a las Empresas Sociales (centros especiales de empleo y empresas de inserción) como miembros de pleno derecho de la Economía Social, legitimando en derecho el espacio y el papel social que de facto, ya representaban.

Hugo Baroja
Presidente de LANTEGI BATUAK

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