Opinión Itziar Villafañez, miembro de GEZKI experta en derecho concursal y cooperativo: Los socios de Fagor ante su concurso: algunos apuntes desde el derecho concursal y cooperativo

Opinión Itziar Villafañez, miembro de GEZKI experta en derecho concursal y cooperativo: Los socios de Fagor ante su concurso: algunos apuntes desde el derecho concursal y cooperativo

31/10/2014

El anuncio de la entrada en concurso de Fagor Electrodomésticos ha puesto el foco sobre una importante problemática jurídica, cual es la aplicación de la normativa concursal a las cooperativas. Lo cierto es que no se trata del primer concurso de una cooperativa, pero la dimensión, la complejidad y la referencialidad de Fagor y la Corporación Mondragón hacen de éste un concurso especial en diferentes aspectos.

En general, el procedimiento concursal es un procedimiento de ejecución colectiva, cuyo fin último es la satisfacción de los acreedores del deudor común. De este modo, con una serie de reglas especiales para el deudor declarado en concurso, se buscaría la satisfacción de sus acreedores, siempre respetando el principio pars conditio creditorum, o de igualdad de trato de los créditos (esto es, poniendo especial cuidado en no beneficiar a unos acreedores en perjuicio de otros), quedando a salvo los créditos que el propio ordenamiento considera contra la masa o privilegiados o, al contrario, subordinados.

Asimismo, y siempre sin olvidar su finalidad principal, la Ley Concursal procura la continuidad de la actividad empresarial, favoreciendo por ello en cierta medida la adopción de un convenio concursal como solución normal al concurso, aunque no hay que perder de vista que la inmensa mayoría de concursos terminan en liquidación debido a la deteriorada situación financiera en que llegan las empresas al concurso. Ahora bien, también en el caso de que la solución al concurso sea finalmente la liquidación, se favorecería la transmisión conjunta de unidades productivas.

Cuando la declarada en concurso es una cooperativa, a las numerosas dudas de interpretación y aplicación que suscita la legislación concursal por sí misma, hemos de añadir las derivadas de la legislación cooperativa, tristemente una gran desconocida aún en la actualidad.

Hemos mencionado que es previsible que el concurso de Fagor Electrodomésticos será especialmente complejo, por ejemplo por pertenecer a un grupo de empresas, el elemento de la internacionalidad…, complejidad que se verá ampliada por su estructura financiera y por las propias peculiaridades que presentan los socios cooperativistas.

Nos parece en este momento de especial interés destacar dos de los aspectos que han sido tratados en la prensa, en ciertos casos de forma no muy rigurosa.

Nos referimos, por un lado, a la naturaleza de las aportaciones de los socios. En este punto es clara la Ley de Cooperativas de Euskadi (LCE), así como su Reglamento de Desarrollo, cuando indica que el capital social de la cooperativa está compuesto por las aportaciones, tanto obligatorias como voluntarias, de los socios (a lo que la legislación añade las financiaciones subordinadas cuyo vencimiento no tenga lugar hasta la liquidación de la cooperativa, cuya regulación efectivamente las asemeja en gran medida al capital social –por ejemplo en cuanto a la protección de los acreedores sociales en caso de vencimiento anticipado-, siendo por ello cuestionable su verdadera naturaleza).

Por ello resulta cuanto menos sorprendente alguna opinión que se ha vertido en el sentido de que los socios serían acreedores por las aportaciones voluntarias (incluso se ha sugerido que serían acreedores privilegiados). Sin lugar a dudas, las aportaciones voluntarias forman parte del capital social de la cooperativa, quedando por lo tanto afectas al riesgo de la empresa. Y todo ello incluso en el caso de que tratara de aportaciones cuyo reembolso no puede ser rehusado por la cooperativa y fueran contabilizadas como pasivos financieros en virtud de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, especificando expresamente la normativa contable que su contabilización como pasivo financiero no afecta a su carácter de capital social para el Derecho Mercantil..

Ahora bien, todo lo anterior no obsta que se pueda analizar la problemática de las aportaciones realizadas desde la perspectiva del consentimiento debido en todos los contratos, así como de la actuación de la administración social al ofrecer y aceptar tales aportaciones, lo que supera las pretensiones de este escrito.

Otro gran aspecto controvertido es el relativo al régimen de responsabilidad de los socios cooperativo, debate derivado, en un plano jurídico, de la aparente contradicción de la Ley de Cooperativas de Euskadi al indicar, por un lado, que la responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones al capital y, por otra, prever la imputación de pérdidas a éstos.

Sin perjuicio de que puedan defenderse otras interpretaciones, a nuestro parecer la posible imputación de pérdidas a los socios no puede, en ningún caso, desvirtuar la responsabilidad limitada de éstos, sino que consistiría más bien en un mecanismo para que la sociedad no quede descapitalizada, debiendo los socios elegir entre las varias opciones que prevé la Ley. No hay que perder de vista que una posible imputación de pérdidas a los socios (responsabilidad interna o ante la sociedad por pérdidas), de ser ilimitada, como se pretende mediante algunas interpretaciones, conllevaría irremediablemente que la limitación de la responsabilidad externa (o por las deudas de la sociedad) quedara en realidad vacía de contenido.

Por ello, parece más acertado defender que, ante la generación de pérdidas, no siendo suficientes las reservas sociales para cubrir éstas, los socios deberán optar entre su imputación a las aportaciones al capital (con la consiguiente reducción de capital y las consecuencias que ello conllevaría), o el resto de vías recogidas en la Ley (a cargo de otras financiaciones, de futuros retornos, o su satisfacción directa), preservando así el capital social. Una interpretación conjunta de los distintos preceptos de la Ley de Cooperativas de Euskadi apoyaría esta solución.

En este punto, resultaría necesario analizar los diferentes acuerdos alcanzados en el seno de las Asambleas generales de las cooperativas concursadas en cuanto a la forma de imputación de pérdidas a los socios.

 

Itziar Villafañez
Profesora de la UPV/EHU y miembro de GEZKI

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