Opinión: Marco Antonio Rodrigo Subdirector de GEZKI

Opinión: Marco Antonio Rodrigo Subdirector de GEZKI

15/02/2013

Marco Antonio Rodrigo. 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 
Subdirector de GEZKI

En las reformas tributarias en curso va a ser difícil que las cooperativas y otros segmentos de la Economía Social conserven sus regímenes tributarios especiales, a pesar de todas las razones técnicas y de estricta justicia que cabe esgrimir para su defensa.

Corren tiempos convulsos para las finanzas y presupuestos públicos, así como para la estabilidad y equidad de los sistemas tributarios. La política de reducción y de supresión de impuestos de años precedentes (compensada en parte con el aumento y proliferación de tasas y precios públicos por doquier, fuente financiera más opaca y regresiva) no ha generado las bondades que los gurús del ultracapitalismo dieron por seguras. Todo lo contrario, se encuentra entre las causas originarias de la actual debacle económica, ha laminado las arcas públicas de los Estados –cuya debilidad financiera les sitúa ahora a merced de los mercados-, ha dado lugar a un acusado incremento de la desigualdad y de la exclusión social, y ha destruido de un plumazo las bases del estado del bienestar tan esforzadamente conquistadas. Durante esta época de bonanza, las empresas y sujetos de la Economía Social y del cooperativismo apenas se ha beneficiado, sin embargo, de esta política de reducción de impuestos y han visto cómo su presión fiscal se aproxima cada vez más a la de las sociedades capitalistas de régimen general.

En la actualidad la descontrolada crisis económica presente –aunque se halle propiciada, en algunos casos de manera suicida, por intereses meramente especulativos- ha llevado a adoptar medidas correctoras. Se pretende compensar la caída de los ingresos tributarios mediante la subida de impuestos y el establecimiento o aumento de otras prestaciones (copago sanitario, tasas académicas, etc). Pero esas reformas, en lugar de acometerse desde una visión o perspectiva de reelaboración integral y de conjunto del sistema tributario, se están introduciendo de manera coyuntural y paulatina, a modo de irreflexivos parches que tratan de tapar precipitadamente los baches –auténticos boquetes a veces- que van abriéndose ante la mirada perpleja y sorprendida del Gobierno que en teoría nos conduce, superado de forma creciente por los acontecimientos. Son medidas adoptadas sin convicción, muchas veces opuestas a aquellas que se habían anunciado programáticamente, y que se cobijan bajo la fórmula del Decreto-ley, pese a que el Tribunal Constitucional ya ha dicho categóricamente y con reiteración que esta técnica normativa no puede ser utilizada para introducir reformas tributarias que, como es el caso, afectan de forma significativa al deber de contribuir del conjunto de los ciudadanos. Y todo para cubrir el enorme agujero del sector crediticio y bancario, para el que no se ahorran nunca recursos, por muchos que sean necesarios.

En este contexto mucho me temo que la Economía Social no está en condiciones de esperar nada bueno en el futuro más inmediato de los poderes públicos, aunque pueda exhibir unos resultados frente a la crisis notablemente mejores que los ajenos. Resulta patente que la crisis se ceba y arremete contra los más débiles, y está claro que nuestro sector no puede competir en pie de igualdad contra los grandes lobbys de la economía capitalista. En las reformas tributarias en curso va a ser difícil que las cooperativas y otros segmentos de la Economía Social conserven sus regímenes tributarios especiales, a pesar de todas las razones técnicas y de estricta justicia que cabe esgrimir para su defensa. Las declaraciones programáticas de la Ley de Economía Social o del propio Parlamento Vasco para la protección y fomento del sector difícilmente van a tener efectos prácticos tangibles. Pero casi siempre ha sido así en el ámbito de la Economía Social. No es ninguna sorpresa, y el sector ha demostrado siempre, en cualquier coyuntura, su solidez y resistencia. Volverá a ser de nuevo así en esta ocasión, porque existen valores y principios sustentadores que lo garantizan. Sin duda alguna.

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