Opinión: Mayté Guzmán Mariscal , “Equidad de género en las entidades de Economía Social”

Opinión: Mayté Guzmán Mariscal , “Equidad de género en las entidades de Economía Social”

31/10/2014

Para enriquecer un análisis que propicie la mejora de las políticas públicas en lo que se refiere a la Economía Social, es importante no obviar el ejercicio de los principios establecidos por definición en la Ley 5/2011, que en su art. 4º hace alusión a los Principios orientadores de la Economía Social, entre ellos el de la equidad de género:

“…Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad”.

Los datos ofrecidos desde la Economía Social, disminuye el énfasis en la información que relaciona trabajo y género, en particular lo que concierne al sector laboral, calidad de trabajo, tipo de contratos, ubicación en la cadena de mando y en los órganos de gobierno de las entidades, así como la relación de socios en este tipo de entidades, también por género.

Se podrá aducir como en otros aspectos de índole económica, que la crisis y la falta de recursos han obligado a prestar menos atención en el tema de la equidad de género y aunque está claro que en los últimos años se han conseguido avances notables, no debemos quitar el dedo del renglón hasta que la equidad de género sea una realidad en todos los ámbitos.

Con todo lo anterior, la participación en la toma de decisiones de las entidades de Economía Social entre mujeres y varones aún no es paritaria. La información con que se cuenta desde distintas instancias proyecta unos índices de exclusión laboral y social superiores a los del hombre, la llamada discriminación vertical por causa de género. Por otra parte, incluso las mujeres con una adecuada integración socio-laboral, se encuentran con importantes desventajas desde la denominada discriminación horizontal, lo que se traduce en una menor retribución por el desempeño de trabajos similares y menores posibilidades de promoción.

Esta problemática, aunque menor, es visible también en el ámbito de las entidades de Economía Social.

Además, la producción de información económica sigue estando en manos masculinas, exceptuando los casos de institutos y asociaciones especializadas en asuntos de la mujer. Asimismo, la representación femenina en los órganos de gobierno de las entidades de Economía Social es significativamente menor.

En Euskadi, las entidades ASLE, Konfekoop, EHLABE, Gizatea y REAS se han pronunciado puntualmente en este sentido. Como acción específica desde EHLABE destaca la coordinación en el año 2010 del “Estudio Cualitativo sobre la situación laboral de las mujeres con discapacidad intelectual y/o trastorno mental” que pretende ser un punto de inflexión para coordinar un Plan de Igualdad entre sus entidades.

ASLE por su parte, atiende al tema mediante el impulso de la Responsabilidad Social Empresarial, así como desde la implantación de programas de democratización y participación de los trabajadores en las empresas.

Konfekoop asume el compromiso intrínseco del cooperativismo con la igualdad, por ello, desde 2008 la entidad difunde una guía para la implantación de medidas de igualdad en las cooperativas.

Recientemente REAS ha publicado los resultados de la Auditoría Social por principios de la Economía Solidaria, entre los que se cuenta la equidad de género. Los resultados confirman el reto por delante para estas entidades en este sentido.

Sabemos que las entidades de Economía Social basan su funcionamiento en valores como la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad, lo que favorece que tengan una sensibilidad especial hacia los problemas, necesidades y demandas de las personas.

Por esta misma razón anteponen al ser humano y su desarrollo integral por encima de otras cuestiones de carácter económico, ideológico, político o social. En consecuencia, se observa una relación clara y directa entre sus fundamentos y lo relacionado con la equidad de género, dado que dichas entidades se configuran precisamente en base a principios contrarios a toda clase de discriminación.

Mecanismos como las cláusulas sociales y la auditoría social son medidas activas que propiciarían la equidad de género no sólo en las administraciones, sino también en las entidades de Economía Social.

Se trata de medidas para superar la cultura empresarial hegemónica y los estereotipos de género. Finalmente, aunque no menos importante, hay que insistir en la necesidad de estudios más frecuentes con muestras extensivas a todas las entidades consideradas dentro del marco de la Economía Social.

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