Opinión: Pablo Moratalla coordinador de EHLABE

Opinión: Pablo Moratalla coordinador de EHLABE

15/02/2013

La aprobación en marzo del año 2011 de la Ley de Economía Social y la definición de sus principios orientadores supone la configuración de un marco jurídico propio que tiene como objetivo fundamental otorgar un mayor reconocimiento y visibilidad a entidades que realizan actividad económica priorizando a las personas sobre el capital. Entre todas ellas y como tractoras de la economía social se debe destacar el movimiento cooperativo cuyos orígenes en Euskadi se remontan a finales del siglo XIX.

La consecución de esta ley ha supuesto que otras familias de la economía social, como son los Centros Especiales de Empleo, sean reconocidas a todos los efectos como miembros de pleno derecho de la economía social. Este nuevo estatus logrado no es sino la consecuencia del arduo trabajo realizado durante muchos años por el sector del empleo protegido de iniciativa social para la generación de empleo y la inserción social y laboral de las personas con discapacidad. En el caso concreto de Euskadi, es a finales de los años 70 cuando se impulsan las primeras iniciativas para la ocupación de personas con discapacidad, nacidas de la inquietud de asociaciones de padres de personas con discapacidad intelectual.

No podríamos entender el desarrollo y crecimiento del empleo protegido y de los CEE de iniciativa social en Euskadi sin una serie de factores y circunstancias muy concretas: el impulso y respaldo de iniciativas de empleo protegido por parte del movimiento asociativo, la cultura industrial y el carácter emprendedor de la sociedad vasca, el apoyo histórico de las diferentes Administraciones Públicas y la fuerza del sector por la concentración de iniciativas (EHLABE). Actualmente, alrededor de 64.000 personas trabajan en Centros Especiales de Empleo a nivel estatal, siendo más de 7.000 las que lo hacen en Euskadi.

En esta larga y fructífera trayectoria, el sector del empleo protegido de iniciativa social en Euskadi ha tenido como objetivo fundamental la integración laboral y social de personas con discapacidad, especialmente de los colectivos con discapacidad con mayores dificultades de inserción, a través de prácticas e iniciativas económicas sostenibles, rentables y orientadas a las personas y a sus necesidades. De esta forma, los CEE de iniciativa social se han convertido en gestores de oportunidades globales que trabajan por la empleabilidad de las personas desde diferentes áreas: orientación, formación individualizada, empleo protegido, empleo ordinario, etc.

De este modo, no sólo se ha logrado visibilizar y reconocer el trabajo de las personas con discapacidad sino que, paralelamente, se ha contribuido al desarrollo local de las comarcas en las que tienen su actividad los diversos centros de trabajo y a la integración social de este colectivo de la mano del trabajo conjunto con asociaciones de la discapacidad y administraciones locales (valor social y económico). Como dato significativo, las entidades de EHLABE crearon más de 350 puestos de trabajo para personas con discapacidad a lo largo del año 2011.

Como ya hemos señalado anteriormente, la aprobación de la ley de Economía Social supone de facto una mayor visibilización de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y un mayor reconocimiento de la labor realizada históricamente. Pero indudablemente no podemos caer en la autocomplacencia y es necesario, más en estos tiempos de crisis, seguir trabajando en la mejora de nuestros Centros reforzando la función social y transformadora que compartimos con el resto de entidades de la economía social. El refuerzo de nuestros principios y valores son fundamentales para salir indemnes de este periodo tan convulso pero también como respuesta ante otras maneras de entender la economía tan alejadas de las personas y de sus entornos.

Además, es necesario seguir fomentando nuevas iniciativas y actividades productivas que generen valor económico y social, reforzar el posicionamiento ante las Administraciones Públicas y aunar esfuerzos y estrechar lazos de colaboración con el resto de familias de la economía social para seguir impulsándola y situándola política y económicamente en la posición e importancia que por actividad económica, tamaño, número de personas empleadas y aportación social tiene.

En este sentido y para finalizar, quisiera destacar la labor de tracción y coordinación que desde el Observatorio Vasco de la Economía Social-OVES se viene realizando desde el año 2008 en su objetivo de visualizar y cuantificar la actividad de la economía social así como para impulsarla y desarrollarla.

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